Aprendiendo de las luchas populares en Guatemala
El 25 de agosto de 2016 presenciamos en las comunidades de El Socorro y Pacayá de la Costa Sur de Guatemala un momento de conflicto social, policial y comunitario que nos vino a confirmar las situaciones que deben afrontar prácticamente día a día las personas que reclaman sus derechos en Guatemala.
Más de 200 extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, en Coatepeque, hacienda dedicada al cultivo de hule cuando fueron contratados y hoy del cultivo de rambutan, se enfrentan desde hace años a los propietarios, la familia Campollo, por el reclamo de más de 30 años de trabajo y cotización al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El motivo es que la empresa les descontó esa cotización de sus salarios, pero en realidad no realizó el pago al IGSS. A raíz de esta estafa, ahora mismo, la situación de los extrabajadores es que no pueden acogerse a los diferentes programas de invalidez, vejez y sobrevivencia que les corresponderían.
Esta lucha empezó ya hace 8 años, y a pesar de las continuas reclamaciones y de los procesos judiciales iniciados contra la empresa, aún no se ha resuelto. En primer lugar porque la empresa original de los Campollo se vendió a la familia Quintanal, sólo como maniobra, para que hubiera más problemas a la hora de llevar a cabo el proceso judicial. Y en segundo porque en los Tribunales de Justicia, el proceso penal iniciado en el 2011 concluyó que según la ley, había caducado el periodo en que los trabajadores pudieron haber demandado por las prestaciones laborales.
A pesar de eso, después de algunas reuniones con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Procuraduría de Derechos Humanos y el diputado encargado de la comisión de Derechos Humanos, acogiéndose a un artículo en el código de trabajo, se concluyó que las prestaciones laborales no prescriben y que los ex trabajadores están en todo el derecho de reclamarlas y se obligaría a los nuevos patronos a asumir su responsabilidad. Además y evidentemente, la empresa tiene una deuda de 6 millones de quetzales con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por esas cuotas laborales dejadas de pagar desde el año 1980.
El caso por la vía penal no se resolvió, pero aunque queda una posibilidad por la vía laboral, es algo bastante complejo y que requiere de mucho tiempo, y algunos de los trabajadores están enfermos (y el instituto guatemalteco de Seguridad Social tampoco los atiende), por no decir que otros ya murieron. Por este motivo la lucha es aún más fuerte en los últimos meses y se iniciaron negociaciones directas con la parte contraria, creando mesas de diálogo con el gobierno. El problema es que en muchos casos los representantes de la empresa no se presentan, y por tanto no se ha podido llegar a ningún acuerdo.
Como parte de este proceso de lucha, entre el 20 y 24 de junio algunos trabajadores y extrabajadores, junto con gente de la organización del CUC (Comité de Unidad Campesina), que les ha dado apoyo y llevan el seguimiento del caso, ocuparon de forma simbólica y pacífica la finca durante 4 días para hacer visible su reclamo y hacer presión para que la parte de la empresa acudiera a una mesa de diálogo. A raíz de esta ocupación, 6 personas relacionadas con esta acción de protesta, fueron denunciadas por los propietarios y tienen orden de captura, iniciándose como es habitual en Guatemala una campaña de criminalización y persecución hacia ellas.
El 25 de agosto, después de una rueda de prensa en Coatepeque convocada para explicar el proceso de denuncia hacia esas 6 personas, Elmar Pérez, uno de los extrabajadores, fue capturado por la policía al salir de la rueda. Paralelamente en El Socorro, donde se encuentra la residencia del sr. Pérez y su familia, un coche de policía y el coche de unos agentes del Ministerio Público que pasaba por la comunidad, fueron detenidos por los vecinos y vecinas. Los agentes informaron que fueron enviados a la comunidad después de recibir un aviso por droga. Los vecinos y vecinas, que no es la primera vez que se enfrentan a esta situación, afirmaban que se pretendía dejar droga en casa de la familia del sr. Pérez para acusarlo falsamente.
Los 14 agentes fueron rodeados y retenidos por los vecinos y vecinas entre las 12 i la 1 del mediodía. Inmediatamente de forma coordinada con los vecinos de otras poblaciones, se cerraron los accesos por carretera a las comunidades de la zona para impedir que entraran más efectivos de la policía. Las vecinas manifestaron que no se liberaría a los agentes hasta que no pusieran en libertad a Elmar Pérez, lo devolvieran sano y salvo a su casa y se retiraran los cargos hacia él. Los agentes intentaron negar su implicación, indicando que el motivo de estar allí no tenía ninguna relación con el caso que los vecinos estaban reclamando. Pero los vecinos afirmaron que el coche de policía fue visto en la comunidad junto con el del propietario de la finca, al que lamentablemente no se pudo retener.
Fueron horas de negociación, de problemas de cobertura telefónica de la policía, de preguntar por el paradero del compañero Elmar sin obtener ninguna información clara; de que su mujer, presente durante toda la acción, exigiera hablar con él y la persona al otro lado del teléfono no fuera el sr. Pérez, entre otras cosas. Finalmente, pasadas unas 3 horas, se confirmó que devolvían al sr. Pérez a su comunidad y venía de camino.
Hubo momentos de tensión, los hombres, que poco a poco volvían de sus trabajos con sus herramientas, cansados, se iban reuniendo junto con los vecinos y vecinas en El Socorro alrededor de los agentes (a veces a menos de 2 metros de distancia) gritándoles el estar hartos de presenciar y vivir día a día el abuso de los finqueros, relatándoles sus pésimas condiciones de trabajo, especialmente en las fincas de palma, denunciando cómo el empresario una vez más tiene impunidad y es un trabajador estafado el que es detenido.
A media tarde otro grupo de la policía llegó a la población vecina para realizar el intercambio entre el sr. Pérez y los agentes, pero se encontraron que los vecinos y vecinas de Pacayá no les dejaron avanzar porque exigían que no sólo dejasen libre al compañero, sino que retirasen la denuncia, sabiendo que si no pasaba de este modo en los próximos días volverían a capturarlo. Pero este reclamo suponía realizar unas negociaciones legales y por ese motivo se movilizó desde la capital de Guatemala a los abogados responsables del CUC que estaban llevando el caso de los extrabajadores. Una espera de 5 horas para que los especialistas pudieran llegar desde la capital hasta la Costa Sur.
En la comunidad de Pacayá se encontraba la policía rodeando a Don Elmar Pérez. Había aproximadamente unos 6 coches patrulla y más de 50 agentes antidisturbios alrededor del detenido, y vecinos y vecinas a ambos lados del camino impidiendo su avance. Se les comunicó a todos que los abogados estaban de camino desde la capital y que por tanto habría que esperar. Durante más de 4 horas algunas mujeres de la comunidad se pusieron al frente para calmar los ánimos, se realizaron rezos y cantos religiosos, y al menos durante unas 2 horas se permaneció a oscuras porque cortaron la luz de esa calle; la gente se sentó de forma pacífica a esperar, se repartió agua entre todos, y también algo de comer. Prácticamente nadie abandonó su sitio.
Finalmente aparecieron los abogados y se iniciaron las negociaciones. Aunque no todos los detalles se resolvieron esa misma noche, y quedaron en seguir a la mañana siguiente, se aceptó realizar el intercambio. Eran casi las 11 de la noche.
El sr. Pérez fue trasladado finalmente a su comunidad y los agentes que se encontraban en El Socorro pudieron marcharse.
En los días posteriores continuaron las negociaciones y la denuncia interpuesta a las 6 personas aún es vigente. Lo único que parece sí se consiguió fue de el no interponer más órdenes de captura hacia las personas que ocuparon la finca.
Los hechos presenciados nos demostraron que el pueblo decidió actuar para defender a su compañero sabiendo que la policía y el gobierno no lo hace. Defendieron a una persona que se lo merece, mientras que la policía sólo juega con términos legales y mentiras, sobre una población que no siempre tienes los recursos necesarios para defenderse. En un país corrupto, donde el que tiene el dinero manda sobre los poderes gubernamentales, a la gente sólo le queda la gente y es lo que se vio: en una emergencia todos actuaron juntos, sin ninguna duda, cansados, durante horas, después de sus jornadas de trabajo, primero bajo la fuerza del sol de la costa sur de Guatemala y después a oscuras cuando cortaron la luz; nadie se movió durante más de 10 horas. La participación y coordinación de los vecinos y vecinas fue asombrosa, y la actuación pacífica admirable; con compañeros y sobretodo compañeras del CUC que se preocuparon por intentar calmar los ánimos para que toda la acción resultara pacífica.
A pesar de esas negociaciones que los vecinos y vecinas forzaron, justo un mes después de ocurrir estos hechos, el 25 de septiembre, se detuvo a otra de las compañeras denunciadas, Dalila Mérida, dirigente regional en el CUC, defensora de los derechos humanos, que lleva años trabajando principalmente en proyectos de igualdad, impartiendo talleres para empoderar a la mujer y que ha dado apoyo a estos extrabajadores. Dalila ha permanecido encerrada durante días, privada de libertad, en condiciones precarias, mientras los propietarios, sean los Quintanal o los Campollo, siguen impunes y por su estafa los trabajadores siguen enfermando y muriendo, y otras personas siguen sufriendo los abusos policiales. Qué hace falta para que el gobierno de Guatemala proteja a su pueblo en lugar de a las pocas familias dueñas del país? Por qué incluso aunque el mismo Gobierno hace llamar a los propietarios a una mesa de negociación y no se presentan, no emiten una orden de captura hacia ellos.
Por todo lo expresado hay que seguir denunciando el papel del gobierno de Guatemala en este caso, que permite y acelera los trámites del empresario en lugar del caso de los extrabajadores, que no olvidemos afecta directamente a la vida.
Ojalá las comunidades tuvieran más oportunidades como la vivida en El Socorro y Pacayá, ojalá se den más esas oportunidades en que la movilización del pueblo, de los jóvenes, de las abuelas y de los abuelos, rodeando a quienes saben está actuando injustamente hacia ellos, reclamando que las fuerzas del orden estén de su lado y no del finquero, diera como fruto la libertad y la justicia para las comunidades.
Y admirable la valentía y el convencimiento de todas las personas presentes en ese momento, que pensaron que unidos serían fuertes, que a pesar del miedo a las posibles represalias aguantaron y siguen aguantando. Admirable las mujeres como Dalila, que tienen claro que hay que luchar por la justicia de los trabajadores y trabajadoras de su pueblo, que se arriesgan por conseguir algo mejor, porque tienen claro que la lucha conjunta es la mayor fuerza que tenemos.
